La muerte política de Maru Campos ha dejado de ser una expresión aislada para convertirse en una de las interpretaciones más duras de la crisis que sacude al gobierno de Chihuahua. En cuestión de meses, la gobernadora pasó de ser presentada como una figura de resistencia frente al gobierno federal a enfrentar acusaciones de traición provenientes de quienes hasta hace poco la defendían. Su trayectoria reciente ilustra un vuelco político que ha puesto en riesgo el respaldo que había acumulado dentro y fuera del PAN.
La paradoja es que el mismo episodio que impulsó su proyección nacional terminó por convertirse en el origen de su crisis. La presunta participación de agentes de la CIA en un operativo contra un laboratorio de drogas sintéticas en El Pinal, en la Sierra Tarahumara, colocó inicialmente a Campos en el centro de una confrontación con el gobierno federal. Para una parte de la oposición, la gobernadora representaba entonces una postura de resistencia frente a Morena y a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Aquella confrontación le permitió ganar visibilidad y recibir el respaldo de distintos sectores panistas. Pero el escenario cambió con la detención del exfiscal César Jáuregui, uno de sus colaboradores más cercanos y un personaje con más de tres décadas de militancia en Acción Nacional.
Jáuregui no era un funcionario cualquiera. Había participado en la defensa política y jurídica de Campos cuando enfrentó acusaciones durante el gobierno de Javier Corral. También había construido una base de apoyo propia y buscaba competir por la alcaldía de Chihuahua, una aspiración que lo colocaba frente a los intereses de otros grupos cercanos a la mandataria.
Su detención provocó una ruptura que difícilmente puede explicarse únicamente por las diferencias entre dos antiguos aliados. El abogado del exfiscal, Luis Villegas, acusó públicamente a la gobernadora de haberlo entregado por razones político-electorales. La acusación, que corresponde a la versión de la defensa, encontró eco entre panistas que cuestionaron el trato recibido por Jáuregui.
La inconformidad alcanzó a figuras locales y nacionales del PAN. Dirigentes y militantes que anteriormente habían cerrado filas alrededor de Campos comenzaron a exigir explicaciones y a reclamar para el exfiscal la misma defensa política que recibió la gobernadora cuando fue señalada por el caso de los agentes estadounidenses.
El contraste resulta significativo: el episodio que había convertido a Campos en un referente de la oposición ahora enfrenta a sectores de ese mismo partido.
La controversia también irrumpió en la disputa por las candidaturas de 2027. Mientras el grupo cercano a la gobernadora impulsa sus propias opciones para los principales cargos de Chihuahua, los simpatizantes de Jáuregui consideran que su detención alteró una competencia interna en la que el exfiscal buscaba participar.
La crisis adquirió otra dimensión cuando Campos decidió hacer pública su versión de una conversación privada con la presidenta Claudia Sheinbaum, en un intento por responder a las versiones sobre un supuesto acuerdo con el gobierno federal.
La respuesta presidencial añadió nuevos elementos a la controversia. Sheinbaum negó la existencia de acuerdos políticos para intervenir en procesos judiciales y aseguró que la propia gobernadora le había hablado de presuntos actos de corrupción de Jáuregui, incluida una supuesta relación con casinos. La presidenta también cuestionó por qué las autoridades estatales no habían procedido si tenían conocimiento de posibles irregularidades.
Con ello, la discusión dejó de concentrarse exclusivamente en la detención del exfiscal y se extendió a las decisiones de la administración de Chihuahua. La gobernadora quedó frente a dos cuestionamientos distintos: los de antiguos aliados que la acusan de abandonar a Jáuregui y los de quienes exigen esclarecer qué conocía su gobierno sobre los hechos investigados.
El caso de El Pinal continúa siendo el centro de las interrogantes. La presunta intervención de agentes estadounidenses sin las autorizaciones correspondientes abrió una controversia sobre soberanía nacional y responsabilidades institucionales que no se agota con la situación judicial del exfiscal.
En ese contexto, también han surgido señalamientos sobre la actuación de otros funcionarios estatales, entre ellos Pedro Román Oseguera Cervantes, fallecido después del operativo, y Guillermo Arturo Zuany Portillo, señalado como prófugo. Las investigaciones deberán establecer quiénes participaron en las decisiones y qué responsabilidades pueden acreditarse.
Mientras tanto, el panismo chihuahuense enfrenta las consecuencias de una disputa que coincide con la preparación de las elecciones locales. El respaldo que Campos había conseguido durante su confrontación con el gobierno federal contrasta ahora con las críticas de sectores que consideran que su actuación en el caso Jáuregui representa una ruptura de lealtades políticas.
La dirigencia nacional del PAN ha mantenido una postura cautelosa, mientras distintas figuras del partido han expresado posiciones encontradas sobre la detención del exfiscal y el manejo del caso.
Maru Campos, cuesta abajo. Esa es la imagen que emerge de una controversia en la que la gobernadora pasó de concentrar respaldos a enfrentar cuestionamientos simultáneos sobre sus alianzas, sus decisiones y su relación con el gobierno federal.
Hace unos meses, Campos era presentada como uno de los principales activos políticos del PAN. Hoy, esa misma figura enfrenta una disputa dentro de su partido y una controversia institucional que permanece abierta. El contraste resume el vuelco que ha experimentado su trayectoria: de símbolo de resistencia a protagonista de una crisis cuyo desenlace todavía está por escribirse.
